Además, se recalca la importancia de la autodeclaración del estado de salud. Los conductores están obligados a informar sobre cualquier diagnóstico que pueda afectar su capacidad para conducir. No proporcionar esta información puede acarrear sanciones administrativas o la suspensión de la licencia, ya que se considera un riesgo para la seguridad pública.
Sin embargo, estas regulaciones no están exentas de críticas. Varios grupos de personas mayores señalan que las nuevas normas pueden interpretarse como una forma de discriminación por edad. Argumentan que muchas personas mayores de 70 años son plenamente capaces, mientras que los conductores más jóvenes también se ven involucrados en accidentes debido a comportamientos imprudentes.
En respuesta a estas preocupaciones, los expertos en seguridad vial sostienen que la clave reside en las evaluaciones individualizadas. Analizar cada caso individualmente permite evitar generalizaciones injustas y priorizar el bienestar colectivo, incluyendo a peatones, ciclistas y otros conductores.
